El 22 de diciembre de 2011 el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 26.734 (la «Ley»), que incorporó al Código Penal normas contra las actividades terroristas.
En particular, la Ley prevé un agravamiento de las penas máximas y mínimas para los delitos cometidos con el propósito de: (i) atemorizar a la población u (ii) obligar a gobiernos nacionales o extranjeros o a organizaciones internacionales a realizar o abstenerse de realizar determinados actos.
Además, la Ley tipifica como delito cualquier actividad destinada directa o indirectamente a recaudar fondos para los actos terroristas antes mencionados o a financiarlos de otro modo. La Ley confiere a la Unidad de Información Financiera (UIF) -organismo federal encargado de la aplicación de la lucha contra el blanqueo de capitales- la facultad de suspender las actividades relacionadas con actos terroristas, mediante comunicación inmediata al juez competente.
