El 15 de mayo de 2018, el Poder Ejecutivo promulgó la ley antimonopolio (la «Ley»), que fue aprobada previamente por el Congreso. La Ley entrará en vigor el 23 de mayo de 2018.
La Ley introduce los siguientes cambios al anterior régimen de defensa de la competencia vigente en Argentina:
Presunción de ilegalidad para los carteles duros – La Ley crea una presunción de ilegalidad para los carteles duros, creando así una excepción al marco general de análisis de la regla de la razón para las conductas anticompetitivas.
Reforma del marco institucional – La Ley prevé la creación de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, como una agencia de competencia descentralizada e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo. La Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia estará integrada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Investigación de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. Las personas que integren estos órganos tendrán mandatos de cinco años que podrán ser renovados una sola vez, y sólo podrán ser removidos con la debida justificación.
Mayores sanciones por conductas anticompetitivas – Las multas se establecerán de acuerdo con el mayor de los siguientes criterios: (i) hasta el 30% del volumen de negocios relacionado con los productos afectados multiplicado por el número de años que haya durado la conducta ilícita, suma que no podrá exceder del 30% del volumen de negocios nacional alcanzado por los grupos económicos involucrados en la conducta ilícita durante el ejercicio fiscal anterior; o (ii) el doble del beneficio ilícito obtenido. Si las multas no pueden establecerse utilizando los métodos (i) o (ii) anteriores, las multas para cada infractor no podrán superar la cantidad de aproximadamente 200 millones de dólares. La reincidencia estará sujeta a una duplicación de la multa.
Introducción de un Programa de Clemencia – La creación de un Programa de Clemencia que eximirá totalmente de cualquier sanción a la primera parte que solicite clemencia y cumpla ciertos requisitos, y reduciría las multas entre un 50% y un 20% para los solicitantes posteriores que aporten información útil para demostrar una colusión. La Ley también contempla la introducción de un mecanismo de clemencia plus por el que un solicitante de clemencia tendrá derecho a una reducción de la multa de hasta 1/3 por su participación en el primer cártel, si proporciona información útil sobre un cártel diferente.
Cambios en el control de concentraciones – La Ley introduce varios cambios en el sistema de control de concentraciones existente, en particular, la aplicación de un régimen de control previo a las concentraciones; una actualización y modificación de los umbrales de notificación que se establecieron en pesos en la reforma de 1999 (desde entonces el peso argentino se devaluó más de 25 veces con respecto al dólar estadounidense) y los métodos utilizados para su cálculo; y la introducción de un mecanismo de vía rápida para las transacciones que probablemente no afecten a la competencia. Además, la Ley establece las tasas de presentación, que oscilarán aproximadamente entre 5.000 y 20.000 dólares estadounidenses.
Acciones de daños y perjuicios – La Ley permite a cualquier parte perjudicada interponer acciones de daños y perjuicios como consecuencia de infracciones de la legislación de defensa de la competencia. En particular, la Ley prevé el efecto vinculante para los tribunales de cualquier decisión previa de infracción adoptada por la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia.
Revisión judicial – La Ley prevé la creación de una sala especializada en defensa de la competencia dentro de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que actuaría como tribunal competente en los recursos contra las decisiones de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia.
