La distinción política específica a la que pueden reducirse las acciones y motivos políticos es la distinción entre «amigo y enemigo».
En junio de 2016, la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó que el despido de un empleado de la embajada de Paraguay en Argentina implicó discriminación política, y condenó a la embajada a pagar daños económicos y morales al demandante, además de la indemnización por despido prevista por la legislación laboral para el despido improcedente.
