El 18 de mayo de 2025, el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió que se retire de inmediato un video difundido en redes sociales que simulaba la voz y la imagen del expresidente Mauricio Macri, en el que supuestamente anunciaba la renuncia de la candidata Silvia Lospennato, de la alianza “Buenos Aires Primero”. El video, generado con IA, comenzó a circular la noche del 17 de mayo, en plena veda electoral y a pocas horas de los comicios.
Según los apoderados del espacio político afectado, la difusión del video tuvo la intención de confundir al electorado y alterar el resultado electoral, en aparente infracción al artículo 140 del Código Electoral Nacional, que sanciona los actos de inducción al voto mediante engaños.
El Tribunal, órgano competente para supervisar el adecuado desarrollo del proceso electoral (conforme lo establece el Artículo 25, Inciso 6, de la Ley N° 6031), acreditó de forma preliminar que el contenido es falso, fue generado mediante IA, y podría afectar el ejercicio libre e informado del voto. Por ese motivo, dispuso la remoción urgente del material de la red social “X” (ex Twitter) y remitió copia de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para su eventual intervención.
La resolución también destacó que el Gobierno porteño, en un acuerdo previo con el Ministerio Público Fiscal, se comprometió a adoptar medidas para prevenir la utilización no consentida de datos biométricos —como la voz y el rostro— en sistemas de IA.
Este hecho pone en evidencia los nuevos desafíos que enfrentan los sistemas electorales ante el uso de tecnologías como la IA para crear contenidos falsos con apariencia real. La suplantación de identidad digital, especialmente en contextos electorales, plantea tensiones entre la libertad de expresión y el derecho a la información veraz.
Aunque la legislación argentina aún no cuenta con un tipo penal específico que sancione la creación o difusión de contenidos deepfake, existen proyectos de ley orientados a regular esta problemática. A nivel internacional, algunas jurisdicciones como Brasil, EE.UU y la Unión Europea ya han comenzado a implementar marcos normativos que limitan el uso de esta tecnología en campañas electorales y exigen mayor transparencia a las plataformas digitales.
