En el mes de agosto se presentaron ante la Cámara de Representantes de Colombia los Proyectos de Ley 214/2025 y 274/2025, que introducen modificaciones parciales a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (en adelante, el “Proyecto” o los “Proyectos” en forma conjunta).
El primero de ellos es impulsado por un bloque de congresistas afines al Poder Ejecutivo, mientras que el segundo fue ideado y presentado de manera conjunta por los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Ciencia, Tecnología e Innovación. Ambos serán analizados inicialmente por la Comisión Primera Constitucional Permanente, la cual decidió acumularlos.
Tanto el Proyecto 214/2025 como el Proyecto 274/2025 incorporan reformas sustanciales a la Ley Estatutaria 1581 con el fin de actualizarla frente a los retos tecnológicos y sociales actuales. Entre los principales cambios propuestos se destacan:
- Ampliación del ámbito de aplicación para incluir, en ciertos supuestos, a responsables y encargados no domiciliados en Colombia, quienes deberán designar un representante en el país.
- Reconocimiento de nuevas bases legales para el tratamiento de datos, entre ellas, la ejecución de un contrato y el cumplimiento de una obligación legal.
- Inclusión del principio de responsabilidad demostrada, en línea con las regulaciones más modernas en la materia.
- Incorporación de nuevos derechos para los titulares, tales como el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, a la portabilidad de los datos, solicitar la limitación del tratamiento y oponerse al mismo.
- Regulación del tratamiento de datos de adolescentes, permitiendo que a partir de los 14 años puedan prestar su consentimiento para ello.
- Nuevas obligaciones para responsables y encargados, incluyendo la designación de un oficial de protección de datos y la realización de evaluaciones de impacto en determinadas circunstancias.
- Reconocimiento de cláusulas contractuales modelo como mecanismo para validar las transferencias internacionales de datos.
A su vez, el Proyecto No. 214 incorpora particularidades específicas, tales como:
- El reconocimiento del interés legítimo del responsable o de un tercero como base legal para el tratamiento de datos.
- La incorporación de medidas concretas para garantizar el cumplimiento de los principios de responsabilidad demostrada y de privacidad por diseño y por defecto.
En materia sancionatoria, ambos proyectos coinciden en prever la imposición de multas equivalentes hasta al 5% de los ingresos operacionales del infractor en el año fiscal anterior, así como el cierre definitivo de operaciones en caso de incumplimiento de los correctivos ordenados por la autoridad. La diferencia radica en el segundo criterio para determinar el monto máximo de las multas: mientras el Proyecto 214/2025 fija un tope de cuatro mil salarios mínimos mensuales legales (aproximadamente USD 1.461.883), el Proyecto 274/2025 establece un máximo de diez mil salarios mínimos mensuales legales (aproximadamente USD 3.650.000).
Los textos completos de los Proyectos Nos. 214 y 274 pueden encontrarse aquí y aquí.
