Experto en fusiones y adquisiciones, Valeriano Guevara Lynch, managing partner de Allende & Brea, describe las luces verdes y amarillas que los inversores del exterior ven en la Argentina: DNU, ley ómnibus, los cambios que necesitan las empresas y hasta cuándo esperarán para tomar decisiones.
Fundado en 1957, Allende & Brea es uno de los estudios jurídicos corporativos más tradicionales de la Argentina. Protagonista de varios de los deals más importantes del mercado local durante décadas, en el último año, sus abogados -unos 100, de los cuales 18 son socios- trabajaron en 25 transacciones. Entre ellas, la venta de los activos locales de la chilena Masisa -su cliente- a Central Puerto y la fusión entre Livent y Allkem, merger entre dos gigantes mineros que, en enero, dio nacimiento a Arcadium Lithium.
“Hay muchos inversores del exterior que volvieron a mirar hacia la Argentina“, dice su manager partner, Valeriano Guevara Lynch, recién salido de un call. “Están viendo cómo evolucionan las cosas para tomar sus decisiones de inversión… o de desinversión“, desliza el profesional, socio del estudio desde hace 20 años y un experto en fusiones y adquisiciones cuya labor conoció el oro de los ’90 y el barro de las décadas siguientes.
¿Qué preguntan los inversores?
Hay empresas de fuera de la Argentina que nos contactaron porque están deseosos algunos de volver a invertir y otros, de empezar a hacerlo. Lo ven como un campo muy, pero muy propicio y con un potencial de upside bastante alto. Lo que quieren ver es cuál es nuestra opinión sobre los cambios que se están planteando y cuál es la sustentabilidad y durabilidad de esos cambios. Lo que los inversores del exterior reciben a través de los medios internacionales son highlights y quieren conocer en mucho más destalle en qué consisten y si les sirven. Ese es el tipo de interés incipiente, pero fuerte, que estamos notando. Hacemos calls y nos interrogan en todas las áreas que les interesan conocer. Eso es prometedor.
¿Pero..?
Tienen, al mismo tiempo, bastante certeza de que sólo van a invertir una vez que están garantizados los principios de estabilidad, normalidad, previsibilidad y regulación de ciertas medida de manera urgente, sin las cuales no podrían invertir.
¿Cuáles?
Primero, la regulación de la normativa cambiaria. Después, la inflación y, tercero, un sistema fiscal más eficiente. Son las tres cosas más básicas que los inversores quieren ver resueltas. La primera es esencial.
¿Por qué?
Con este contexto, es extremadamente difícil tanto invertir dólares como producir activos en la Argentina. Para producir activos en la Argentina, hay que invertir en insumos y la normativa cambiaria está restringiendo la importación.
¿Ustedes qué les dicen en los calls?
Que la visión de los cambios normativos está orientada en el sentido de lo que los inversores esperan. La normativa que el Gobierno está tratando de aprobar va a sentar las bases para que la inversión sea sustentable.
¿Qué responden ellos?
Nos dicen que quieren ver que eso pase y que ya esté instrumentado. No vemos a inversores de porte, que puedan generar un impacto en la economía local, hasta que no demos pruebas de que el país puede generar esas medidas. Con la simple promesa, no basta. Sobre todo, por nuestra historia de promesas incumplidas como país.
¿Es compatible esa necesidad de sustentabilidad con que muchos de esos cambios se promuevan a través de un DNU?
El DNU me parece una buena herramienta. Lo usó la mayoría de los gobiernos de los últimos 20 años. Fue buena la iniciativa. Yo habría sido más restrictivo en cuanto al ámbito de cobertura. Habría elegido incluir en el DNU aquellas medidas que eran de evidente urgencia y excluir las que no lo son; lo hacen menos sustentable.
¿Y la ley ómnibus?
Opino lo mismo. La estrategia fue buena. Los cambios que se necesitan son urgentes. Es muy complejo obtener la aprobación legislativa de la cantidad de leyes que se necesitan. Sin embargo, habría elegido incluir menos normativa en la ley ómnibus, de manera tal que fuera más fácil aprobarla. Y no hubiera pasado a una discusión plenaria en el Parlamento de temas que no son de tanta urgencia.
¿Cuál fue la reacción de los inversores cuando Milei ordenó retirarla?
La gente con la que venimos hablando son, principalmente, inversores del exterior. Lo ven como un retroceso. No fue una buena señal. Fue una señal de debilidad. Coincidimos con eso. El Gobierno no mostró tener el músculo necesario para llevar a cabo todas las medidas que quería. Pero creemos que lo seguirá intentando: está convencido de los cambios que tiene que impulsar y seguirá por otros medios. El camino, entonces, será más lento. No es bueno porque no tenemos tanto tiempo.
¿Por qué no hay tanto tiempo?
El tamaño de la inestabilidad que tenemos necesita ser resuelto con prontitud. No se puede vivir mucho más. La economía es muy poco sustentable con estos niveles de inflación. No hay país en el mundo que los tenga. Pero hay algunos muy breves indicios de mejoría, aunque no me animaría a extrapolarlos a mediano plazo.
“El retiro de la ley ómnibus no fue una buena señal. El Gobierno no mostró tener el músculo necesario para llevar a cabo todas las medidas que quería. Pero creemos que lo seguirá intentando: está convencido de los cambios que tiene que impulsar y seguirá por otros medios”.
¿Cuáles son esos indicios?
Que las inflaciones de diciembre y enero hayan sido menores a las proyecciones que había es un signo de alguna esperanza. Es un signo de aliento, aunque sigue siendo un índice de inflacióin muy alto. El Gobierno está absolutamente determinado a bajarlo porque sabe que, sin eso, la gestión, en cuatro años, no va a llegar a buen puerto. Tenemos esperanza de que pueda lograrlo.
¿Ve alguna otra señal?
La determinación de bajar el gasto público es plena. No podemos seguir viviendo de prestado cuando, encima, nadie nos presta.
A la ley ómnibus, se la acusó de ser la ley “de los estudios de la City” y se le criticaron sus fundamentals jurídicos.
No lo veo así. Para nada. No creo que tenga relación con los grandes estudios. Sí, que fue muy ambiciosa. Imagino que habrá sido la estrategia del Gobierno para tratar de lograr el mayor alcance posible.
¿Qué desregulaciones habría priorizado usted?
En términos macro, es muy poco lo que se necesita desregular para generar un deseo de inversión. Desde el punto de vista legal, lo cambiario y el aspecto impositivo: reducir los casi 150 impuestos que tenemos y normalizar esa situación, que es una desventaja competitiva muy grande contra nuestros vecinos. Agrego la estabilidad en cuanto a tener la libertad de contratación en cualquier moneda, sin que haya un riesgo de percibir un crédito nominado en dólares, o euros, en moneda local. Son cosas básicas, que tienen que ocurrir. También, que se puedan distribuir dividendos: nadie va a invertir si no puede retirar su dinero.
¿Ninguna desregulación o reforma sectorial?
Hay industrias en particular, como las aerolíneas, en las que se debería permitir que los operadores internacionales puedan acceder a rutas locales. O algunas privatizaciones, que pueden ser muy beneficiosas para el Gobierno y algunas industrias. Pero son cuestiones más particulares. Por ejemplo, se derogó la Ley de Tierras. ¿A cuántos inversores les interesa eso? Al que invierte en tierras. Pero a él solo. A las demás industrias, como servicios, mercado financiero o tecnológico, no. El inversor está esperando otra cosa: previsibilidad económica, legal y algunos cambios normativos.
¿En qué sectores ve hoy más interés?
Minería, agrobusiness, tecnología, finanzas, pharma, seguros y energía. Son los más activos.
Muchos de esos sectores tienen leyes específicas, que se modificaron mucho en los últimos años o, directamente, no se cumplieron.
Por eso, yo habría ido por la reforma macro de los temas esenciales, en general. Obviamente, dentro de la Ley de Minería o la de Economía del Conocimiento, hay reformas necesarias. Pero las más necesarias son las macro. Para empezar el camino. Para nosotros, lo interesante ahora es destrabar las medidas de alcance general que están impidiendo que las empresas funcionen normalmente. Y, en una segunda etapa, resolver las cuestiones particulares. Eso sería más eficiente.
¿Hasta cuándo los inversores seguirán mirando antes de tomar una decisión?
Un plazo razonable de espera son 12 meses. Si, en ese tiempo, no hay algunos resultados visibles, se va a empezar a reducir la confianza en que haya alguna mejoría que permita un crecimiento económico.
¿Cuáles serán las luces verdes en esos 12 meses?
Dos. Una es que, si transcurren algunos meses sin que haya más cuestionamientos judiciales al DNU, transmitirá cierta confianza de que esas medidas se consolidarán. Los temas que hoy están ya discutidos, en su mayoría, terminarán en la Corte. Y los inversores necesitarán algún tipo de seguridad legal que implique la opinión de la Corte sobre esos temas.
¿Y la segunda?
La Ley de Tierras. Está sirviendo en inversores del exterior que estaban analizando proyectos que involucran tierras. Ya se están haciendo algunas inversiones en empresas que tienen tierras rurales y, hoy en día, no necesitan autorización previa.
“Un plazo razonable de espera para los inversores del exterior son 12 meses. Si, en ese tiempo, no hay algunos resultados visibles, se va a empezar a reducir la confianza en que haya alguna mejoría que permita un crecimiento económico”.
¿Esos 12 meses son sólo para decidir inversiones? ¿O también desinversiones?
También están sobre la mesa. Desgraciadamente, en los últimos tres o cuatro años, hubo un número mayor al habitual de decisiones de empresas que se van del país. Y continúa habiéndolas porque son decisiones de largo plazo. Le lleva mucho trabajo a una empresa decidir mudarse a un país. Y mucho gasto. Nuestra experiencia es que las empresas, por lo general, demoran lo más posible la decisión de irse de un país. Es una decisión que se va madurando por varios años, no meses. Las que se definan ahora no es por la coyuntura de los últimos meses, sino de los últimos dos a cuatro años.
¿La expectativa de cambio hoy está conteniendo esas decisiones?
Absolutamente. La mayoría prefiere quedarse y navegar la tormenta, en la esperanza de tiempos mejores. Sabiendo que existen algunos síntomas concretos de que los pueda haber.
Planteo este escenario: el Gobierno impulsa cambios y dice: “Señores empresarios, inviertan; les estoy removiendo obstáculos”. Pero las empresas no invierten por el temor a que esos cambios sean efímeros. O no sustentables, por la debilidad legal que tienen. ¿Quién se equivoca? ¿El Gobierno, al pedir ese acto de fe? ¿O las empresas, por no creer?
Entiendo el argumento de que hay medidas que tienen que tomarse de todas maneras. Lo comparto desde lo práctico. Pero, en el mediano plazo, tienen mucho más valor medidas que sean sustentables. Las decisiones de inversión tienen un horizonte de cinco, 10, 15 o 20 años. Las inversiones no se recuperan rápidamente. Se necesita un alto nivel de previsibilidad de que las condiciones que se tuvieron en cuenta al momento de invertir se van a mantener. Si no, los planes y proyecciones se verán afectados negativamente.
Si, como hombre de negocios, no tenés cierta certeza de que tus proyecciones se van a mantener, no podés tomar la decisión de inversión. Por eso, los inversores tienen que tener cierto blindaje. Si hacen una proyección sobre la base de condiciones que van a ser demasiado cambiantes, no pueden hacer un proyecto sólido, defendible, sustentable y realizable.
¿Ese blindaje es la seguridad jurídica?
Es muy importante que las medidas tengan solidez jurídica y durable en el tiempo.
